

Nuestras políticas
Un conjunto en desarrollo de marcos normativos diseñados para convertir nuestros valores y prioridades en soluciones prácticas y orientadas a resultados.
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El plan fiscal para la prosperidad de la clase media estadounidense
Un marco político para reconstruir la prosperidad generalizada mediante la reducción de impuestos para las familias trabajadoras, el restablecimiento de la equidad en la cúspide de la pirámide económica, la recompensa a las empresas que invierten en los trabajadores estadounidenses y el control de la inflación y el déficit. Inspirado en el éxito económico demostrado de mediados de la década de 1960, este plan se centra en el crecimiento de la clase media, una tributación responsable y las inversiones públicas que generan beneficios tangibles para los ciudadanos estadounidenses.
Generando un retorno real de la inversión estadounidense.
El Plan Fiscal para la Prosperidad de la Clase Media Estadounidense es un marco económico y tributario integral diseñado para reconstruir una prosperidad generalizada, garantizando que el crecimiento beneficie nuevamente a las familias trabajadoras, fortalezca a la clase media y genere beneficios tangibles para quienes financian al gobierno. Parte de una premisa simple: si los estadounidenses son los mayores inversionistas del gobierno, merecen un retorno significativo de esa inversión.
Durante décadas, la economía creció sobre el papel mientras los salarios se estancaban, los costos aumentaban y la riqueza se concentraba en la cima. Este plan se inspira en uno de los periodos económicos más exitosos de la historia estadounidense: mediados de la década de 1960, cuando el aumento de la productividad se tradujo en salarios más altos, la inflación se mantuvo estable y la clase media se expandió. Nuestra política fiscal actualiza ese modelo probado para la economía actual.
El marco prioriza las ventajas fiscales para la clase media, incluyendo impuestos más bajos para las familias trabajadoras, deducciones ampliadas y compensaciones en el impuesto sobre la nómina para hogares con ingresos inferiores a 125.000 dólares, lo que inyecta más dinero directamente en los salarios y fortalece el crecimiento impulsado por el consumo. Al mismo tiempo, restablece la equidad en los niveles más altos al garantizar que las personas con ingresos muy elevados y las grandes ganancias de capital se graven de forma responsable, eliminando las lagunas legales que premian la riqueza por encima del trabajo.
El plan reforma el código tributario corporativo para fomentar el crecimiento y el bienestar de los trabajadores, premiando a las empresas que invierten en manufactura nacional, energías limpias, investigación y desarrollo, y capacitación laboral, al tiempo que desalienta la evasión fiscal y las maniobras financieras a corto plazo. Asimismo, aborda la inflación sin sacrificar empleos mediante la coordinación de la política fiscal con la Reserva Federal, la expansión de la oferta de vivienda y energía, y la focalización en los sectores sobrecalentados en lugar de imponer una austeridad generalizada y drástica.
Finalmente, el programa "Retorno de la Inversión Estadounidense" se compromete a financiar nuestros gastos. Las nuevas inversiones se combinan con ingresos responsables, los programas ineficaces se eliminan gradualmente y se utilizan medidas de protección temporales para evitar el sobrecalentamiento, garantizando así un crecimiento sólido sin trasladar los costos actuales a las generaciones futuras.
Este enfoque no está probado. Al combinar una tributación justa, un gasto disciplinado e inversiones públicas en infraestructura, educación, vivienda y estabilidad de costos en la atención médica, esta política tributaria ofrece una hoja de ruta práctica hacia la prosperidad compartida y un retorno real de la inversión estadounidense.

Cumpliendo la promesa:
El Plan de Participación Justa de la Seguridad Social
Lauren cree que la Seguridad Social es una responsabilidad sagrada y una promesa que debe cumplirse para todas las generaciones. Pero hoy en día, el sistema se enfrenta a una creciente desigualdad que amenaza su sostenibilidad a largo plazo.
Actualmente, una enfermera o maestra promedio cotiza a la Seguridad Social con cada cheque de pago, durante todo el año. En cambio, un director ejecutivo multimillonario suele dejar de cotizar al sistema apenas unos segundos, minutos u horas después de comenzar el primer día del año.
En 2026, el impuesto sobre la nómina de la Seguridad Social se aplica únicamente a los primeros 184.500 dólares de los ingresos de una persona. Dado que los salarios más altos han crecido mucho más rápido que los del trabajador promedio, la proporción de los ingresos estadounidenses que financia la Seguridad Social ha disminuido del 90 % en 1983 a tan solo el 83 % en la actualidad. Este desequilibrio debilita la base financiera del programa.
El plan de Lauren de "eliminar el límite máximo" restablece la equidad y fortalece el sistema al exigir que las personas con ingresos superiores a 400.000 dólares paguen la misma tasa impositiva del 12,4 por ciento para la Seguridad Social que todos los demás.
Para proteger a los profesionales de clase media y a los pequeños empresarios, el plan crea una excepción que exime de cualquier impuesto adicional sobre la nómina a los ingresos comprendidos entre el límite salarial actual y los 400.000 dólares. Esto garantiza que las reformas se dirijan directamente al 1% de los que más ganan, y no a las familias que aún están empezando a salir adelante.
Fundamentalmente, el marco de Lauren también aborda la concentración de riqueza actual. El plan aplica el impuesto de la Seguridad Social a las inversiones no remuneradas y a ciertos ingresos empresariales de los hogares con mayores ingresos. Esto garantiza que la riqueza contribuya a nuestra seguridad colectiva tanto como el trabajo.
Este enfoque de sentido común logra tres objetivos fundamentales sin aumentar los impuestos ni un solo centavo a más del 99 por ciento de los hogares que ganan 400.000 dólares o menos:
Garantías de solvencia
- Amplía la capacidad de la Seguridad Social para pagar la totalidad de las prestaciones durante al menos los próximos 75 años.
Los fondos impulsan los beneficios.
- Proporciona los ingresos necesarios para aumentar las prestaciones mensuales en 200 dólares para todos los jubilados actuales y nuevos, lo que supone 2400 dólares adicionales al año para ayudar a cubrir el creciente coste de los productos de primera necesidad.
Protege a la clase media.
- Las reformas están dirigidas a las personas con mayores ingresos, al tiempo que protegen a los estadounidenses de clase media de aumentos inmediatos de impuestos.
El Renacimiento del Corazón de América:
Impulsando nuestras pequeñas granjas y calles principales.
For too long, Kansas 1st Congressional district has been treated as an "extraction zone" rather that a center of innovation. Our rural communities stand at a critical crossroads and it is time for a blueprint that restores economic sovereignty to our farmers and invests in the essential infrastructure of our future
Lauren's "New Deal for Rural America" is built on the belief that a community cannot thrive if its people are unsupported. Her vision is guided by the principles of economic resilience, local empowerment, and sustainability. Our campaign is committed to a future where decision making power is shifted back to local stakeholders and resources are directed toward small family farms, tribal communities, and underserved regions.
Our Plan for a Thriving Heartland
Agricultural transformation
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We will make small and mid-sized farming profitable again by reforming subsidies to prioritize family operations over industrial agribusiness. We will also support the next generations of farmers through federal loan guarantees and incentives for land transfers.
21st-Century infrastructure
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Modern infrastructure mean more than just roads; it means global connectivity. Our plan will establish a high-speed internet mandate and create a "Public Option" for broadband where private provides refuse to build.
Economic and Energy Sovereignty
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Our plan will continue the work to bring back manufacturing to the heartland with targeted incentives for ag-Tech and clean energy. We will modernize the rural grid to support farmer-owned energy cooperatives, ensuring our communities lead the nation in the green transition.
Quality of Life
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Our plan will move us to a "Global Budgeting" model for rural healthcare, stabilizing costs across the district and preventing rural hospital closures. In addition, under our plan, teachers, doctors, and nurses who commit to serving our district.
Accountability
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Our works to create a One-Stop Shop for federal rural grants, ensuring streamlined regional planning that answers directly to local residents.
By diversifying our economy and sustaining our soil, we will stabilize population growth, retain our youth and build a modern Kansas that is both connected and competitive.

A Government that answers to you!
I spent 16 years delivering for the federal government — at the Social Security Administration and the National Labor Relations Board — until my job was eliminated without process. I’ve seen how this government serves people, and I’ve seen how it serves itself.
Washington doesn’t have a rules problem. It has an enforcement problem. The rules against insider trading by members of Congress already exist — the penalty for breaking them starts at $200. So I’m not running on promises. I’m running on specific laws, with specific penalties, that I will introduce in my first term. Fourteen bills. Each one gets a vote, and each vote gets recorded — including mine.
Pillar 1 — I’ll ban congressional stock trading and self-dealing
Short version:
Members of Congress shouldn’t trade stocks we regulate — or vote on tax breaks for property we own. My plan: no individual stocks for members or our families, blind trusts within 90 days, penalties of three months’ salary per violation, and automatic disqualification from any vote that benefits a member’s own real estate. No waivers. Not even for me.
Long version:
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Members, our spouses, and our dependent children may not hold or trade individual stocks, futures, or crypto — only broad-based index funds and mutual funds.
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Covered assets go into a qualified blind trust within 90 days of taking office. I’ll have mine there before I’m sworn in.
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Breaking the ban costs three months of congressional salary per violation, plus every dollar of profit comes back.
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Late financial disclosures carry a real penalty: $1,000 plus $100 a day, posted publicly on the Clerk’s website within 24 hours. Today the penalty starts at $200. You can do the math on why that hasn’t worked.
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A member may not vote on any measure that gives a specific financial benefit to property we or our families own. Divest it or sit the vote out. That rule has no waiver path — and I wrote it that way on purpose.
Pillar 2 — I’ll close the revolving door and open the books
Short version:
Five years before a former member can become a lobbyist. Two years for senior staff. Companies lobbying on meatpacking and grain markets have to disclose how much of the market they control — so you can see when “industry input” means the four biggest packers. And campaigns have to report every donation of $50 or more within 72 hours. I’ll hold my own campaign to that standard before any law requires it.
Long version:
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Former members of Congress can’t register as lobbyists or make lobbying contacts for five years after leaving office; senior staff, two years. Violators pay back everything they earned, doubled.
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Any company lobbying on meatpacking, grain, or farm-input markets must disclose any market share above 15% in its quarterly lobbying filings. When the four biggest packers show up to testify, you’ll know exactly how much of the market walked into the room.
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Donation reporting moves from quarterly to real time: any contribution of $50 or more is filed with the FEC within 72 hours of receipt. My campaign reports at that standard starting now.
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Any group spending more than $10,000 on electioneering must disclose its donors over $5,000.
Pillar 3 — I’ll protect the people who protect you
My own job at the SSA was eliminated without process. I know what it looks like from the inside. Here’s my plan: no president can strip civil-service protections with a memo — that takes an act of Congress. Inspectors General can’t be fired without written cause delivered to Congress. Whistleblowers get their day in court. And rural programs get FOIA answers in 20 days, with fee waivers for local governments asking about their own grants.
Long version:
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Merit-system protections for career federal positions are locked in by statute. Reclassification games like Schedule F require an Act of Congress — the position’s actual duties decide, not the memo. I watched that game from the inside; I know every move.
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An Inspector General can only be removed with written cause delivered to Congress and published within 48 hours, after 60 days’ notice. Vacancies can’t sit in “acting” status past 90 days.
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Whistleblowers who report retaliation get jury trial access, real damages, and protection for reporting directly to Congress.
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FOIA gets a working 20-business-day deadline, an automatic fee waiver for local governments and nonprofits requesting records about grants to their own communities, and an annual public report on the ten worst agency backlogs. The counties in this district wait long enough already.
Pillar 4 — I’ll show up, in person, on the record
Four in-person town halls per district per Congress — at least one every quarter, on a published county rotation, open to the press. Every Community Project Funding request posted publicly within 48 hours of submission, before any committee acts on it. Leadership PACs can’t be slush funds. And my district office commits to a 30-day casework standard for SSA, VA, and USDA cases — or a written status update. You’ll know where your case stands, because I’ve sat on the other side of that desk.
Long version:
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At least four in-person, open-press town halls per Congress, one per calendar quarter, in counties on a published rotation. I’ll file my compliance with the Clerk and publish it — and so will every member, if this becomes law.
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Every earmark and Community Project Funding request is posted on the member’s website within 48 hours of submission — with the requesting entity, amount, and purpose — before any committee acts on it. I’ll start with mine.
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Leadership PACs may not pay personal, campaign, or travel expenses, salaries, polling, or ads naming the member. Unspent funds at retirement go to the Treasury or charity — not a campaign.
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District offices publish a 30-day service standard for casework resolution or written status updates, covering the three caseloads that matter most here: Social Security, VA, and USDA.
Commitments box
What I’ll do on day one
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Introduce the fourteen-bill accountability package — every bill, every vote, on the record.
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Place my own assets in a blind trust within 90 days — before the rules require anyone else to.
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Publish every Community Project Funding request within 48 hours, whether or not it’s approved.
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Hold my first town hall within the first quarter, in a county on the published rotation.
